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Aumentan las restricciones a las críticas contra la homosexualidad


Redefinir el odio

ESTOCOLMO, sábado, 10 diciembre 2005 (ZENIT.org).- Cada vez corren más riesgo de ser penalizadas con sanciones las críticas públicas a la homosexualidad. Las leyes pensadas para castigar los así llamados crímenes de odio dan como resultado que la oposición al comportamiento homosexual, incluso cuando se basa en fundamentos morales, es con frecuencia arriesgada.

La Iglesia distingue cuidadosamente entre los juicios sobre los actos y sobre la persona implicada. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los N. 2357-8, indica claramente que los «actos homosexuales son intrínsecamente desordenados», y que «no pueden recibir aprobación en ningún caso».

Al mismo tiempo, el catecismo pide a los católicos que traten a hombres y mujeres con tendencias homosexuales con «respeto, compasión y delicadeza». El texto exhorta a evitar «todo signo de discriminación injusta».

No obstante, en muchas críticas se pierde esta distinción de la Iglesia con respecto al comportamiento homosexual. Un ejemplo es la publicación del documento vaticano sobre los candidatos al sacerdocio que tienen tendencias homosexuales.

El documento, publicado por la Congregación para la Educación Católico, citaba los números del Catecismo antes citados y estipulaba que las personas con tendencias homosexuales «deben ser aceptadas con respeto y delicadeza».

Como reacción al documento, el arzobispo anglicano de Sudáfrica, Desmond Tutu, afirmó: «Para mí, penalizar a alguien por su orientación sexual está al mismo nivel que penalizar a las personas por su género, o raza», informó el 29 de noviembre Reuters.

«Es incitación al odio», clamaba Eoin Collins, directo de cambios de política en el grupo irlandés Gay and Lesbian Equality Network, citado por el Irish Examiner. «Vuelve a seguir ese prejuicio y odio que la Iglesia oficial tiene por las personas gays».

El pastor sueco finalmente absuelto
Las acusaciones de odio pueden tener graves consecuencias legales, como descubrió duramente un pastor sueco. Ake Geen fue acusado de un discurso de odio por haber criticado la homosexualidad en un sermón del año 2003. Se informó de que el pastor pentecostal había dicho a la congregación que la homosexualidad era «un profundo tumor canceroso en toda la sociedad».

En el 2004, un tribunal declaró a Green culpable de violar las leyes suecas sobre crímenes de odio, sentenciándole a un mes de prisión. La sentencia fue más tarde anulada por un tribunal de apelación, pero el fiscal general de Suecia apeló la absolución ante el Tribunal Supremo.

El 29 de noviembre, el Tribunal Supremo de Suecia decidió que sus comentarios estaban protegidos por las garantías de libertad de expresión y de religión presentes en la Convención Europea de Derechos Humanos, informó el mismo día Associated Press.

Green no es el único que ha sido acusado por las leyes de odio de Suecia. Según la revista norteamericana Charisma, de octubre de 2004, a otro pastor, Ulf Elkman de la Iglesia del Mundo de la Vida de Uppsala, se le informó de que se le procesaría por un supuesto discurso de odio.

Posteriormente, las autoridades decidieron no proseguir con la acusación pero Elkman declaró a la revista: «Hay un movimiento político deliberado en toda Europa hacia la restricción de la libertad de religión, con Suecia como una especie de proyecto piloto de la Unión Europea».

Los tribunales de Canadá
También el 29 de noviembre, en Canadá, el Tribunal de Derechos Humanos de la Columbia Británica decidió que un grupo católico, los Caballeros de Colón, estaba en su derecho al rechazar la petición de una pareja lesbiana que quería tener una recepción de bodas en su propiedad.

El tribunal aceptó los argumentos presentados por los Caballeros de Colón de que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades los protegía de utilizar su propiedad para un propósito que contradice sus creencias.

Pero la decisión tenía una espina en la cola. El tribunal sostuvo que el grupo había ofendido la «dignidad, sentimiento y amor propio» de la pareja, por lo que se le ordenó que pagara 1.000 dólares a cada mujer, informó el 30 de noviembre el periódico Globe and Mail.

La pareja, de Deborah Chymyshyn y Tracey Smith, decidió casarse después de que se legalizara en la Columbia Británica el matrimonio del mismo sexo. Reservaron el salón de los Caballeros de Colón en el suburbio Coquitlam de Vancouver para una recepción. Las mujeres alegaron que no sabían que el salón era gestionado por una organización católica y declararon que no lo hubieran alquilado si lo hubieran sabido. Quienes aceptaron la reserva no sabían que se trataba de una pareja del mismo sexo. Se canceló la reserva una vez que los Caballeros de Colón se percataron de que se trataba de una pareja homosexual.

El asunto puede que no haya terminado, informó el 1 de enero el periódico Edmonton Sun. La pareja ha anunciado que planean apelar la sentencia.

Otra comisión de derechos humanos, esta vez en Alberta, recibió una queja, retirada posteriormente, sobre los comentarios hechos por el obispo de Calgary, Mons. Fred Henry, informó el 4 de abril el National Post. La queja tuvo lugar después de que Mons. Henry publicara una carta en enero explicando la oposición católica al matrimonio del mismo sexo. El artículo observaba que, cuando el parlamento debatió el año pasado el añadir la orientación sexual al proyecto de ley de odio, las organizaciones religiosas advirtieron que podría conducir a restricciones sobre la libertad religiosa.

Los activistas homosexuales también tienen en su objetivo la situación fiscal de las iglesias, según un informe publicado el 22 de junio en la página web Canada.com. Kevin Bourassa, que en el 2001 fue uno de los primeros en casarse en una ceremonia del mismo sexo, dijo que las iglesias que se opusieran a los matrimonios del mismo sexo deberían perder su estatus de impuestos de organizaciones de caridad, concedido por el gobierno federal.

Las iglesias en causa
Existe preocupación en algunos países sobre la legislación de crímenes de odio. En Francia, a últimos del año pasado, se aprobó una legislación que contenía los insultos contra los homosexuales.

La ley coloca los comentarios anti-gays y sexistas al mismo nivel que los insultos racistas y antisemitas, informaba el 24 de diciembre el periódico británico Guardian. En teoría, los tribunales podrían multar a los infractores con más de 45.000 euros (52.800 dólares) e imponer penas de cárceles superiores a 12 meses.

Los críticos de la ley advirtieron que los cristianos que denuncien la homosexualidad como «desviada» podrían ser procesados, informó el Guardian. Y la Iglesia católica en Francia ha expresado su preocupación de que la ley impida la manifestación de su oposición al matrimonio del mismo sexo.

En Gran Bretaña, un banco forzó a un grupo evangélico a que cerrara su cuenta por su oposición a la homosexualidad, informó el 24 de junio la BBC. El Cooperative Bank, con sede en Manchester, afirmó que las opiniones de Christian Voice eran incompatibles con su apoyo a la diversidad.

«Ha llamado la atención del banco que Christian Voice esté implicada en pronunciamientos discriminatorios basando en la orientación sexual», afirmó el portavoz del banco.

En Estados Unidos, los puntos de vista homosexuales llevaron a que un cristiano fuera despedido de una empresa de seguros. El Chicago Tribune informó el 18 de agosto de que J. Matt Barber, escribió un ensayo, publicado online, denunciando el matrimonio del mismo sexo.

Poco después, sus jefes en Allstate Corporation le dijeron que sería suspendido de empleo y se le escoltaría desde las instalaciones de la empresa en Northbrook, Illinois. Tres días después era despedido, abriéndose una disputa legal todavía por resolver.

Barber afirmó que nunca mencionó su afiliación a Allstate en la información biográfica que acompañaba sus artículos. Pero la página web incluyó la información sin su permiso cuando se publicó su artículo.

El 23 de noviembre, el arzobispo de Boston, Mons. Sean O’Malley, publicaba una carta pastoral sobre el tema de la homosexualidad. «Los esfuerzos de la Iglesia por defender la institución del matrimonio», observaba, «han sido interpretados por algunos como una indicación de la hostilidad de la Iglesia hacia las personas homosexuales».

La Iglesia, explicaba el arzobispo, no está motivada por tal hostilidad, y mira a todas las personas como iguales a los ojos de Dios. También defendió que la Iglesia debe esforzarse por erradicar los prejuicios contra los homosexuales.

«Al mismo tiempo, la Iglesia debe ejercer su ministerio ante todas las personas desafiándolas a obedecer los mandamientos de Dios», explicaba. «Es importante expresar las enseñanzas morales de la Iglesia con claridad y fidelidad», y con «compasión y humildad». Una visión que se encuentra cada vez con más barreras legales.
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